Ley verde o la forma seguir ayudando a la SGAE

El gobierno de España ha aprobado una serie de medidas con la intención de buscar lugares en los que basar la economía más que en la construcción y en el turismo Se llama la ley de economía sostenible. Son nuevas tendencias que habrán de cambiar el proceso productivo y absorber puestos de trabajo. Realmente es dificil que sea eficiente en un corto plazo pero aplaudo la idea, más vale tarde que nunca, aunque hay algo de cortina de humo frente a la que nos cae de crísis, falta de acción y recuperación más lenta y peor que el resto de países europeos.

Sin embargo dentro de esas medidas que la "Ley verde" ha aprobado hay una que me ha sorprendido. Al abrigo o justificando la defensa de la música se abre la puerta y se da cancha legal para, incluso, llegar a cortar la conexión a Internet de un ciudadano, y, sin duda bloquear el acceso a algunas páginas, todo ello sin autorización judicial y consagrando una indefensión "de libro".
Para la puesta en escena se ha convocado a músicos de relumbrón que con juegan a la propaganda haciendo declaraciones altisonantes y profetizando terrores y cataclismos sin fin para la música en particular y la cultura en general para empujarnos esa "evidencia" que no es tanto.

Hace apenas unos días veíamos que el P2P parece haber cambiado la estructura de la industria, eliminando la intemerata de chalanes y representantes que se lucraban a costa del músico y la audiencia por la más directa obtención del favor del público del artista. Las cifras de la industria inglesa lo demuestran pero la estrategia del lobby musical lo niega, su estrategia es otra.

El poderosísimo lobby de las compañías de música, SGAE y Promusicae no solo ha mantenido los oídos sordos ante la oportunidad que se abría, sino que ha satanizado al compartidor, lo ha convertido en delincuente sin serlo, ha considerado al pirata de "manta" poco menos que un asesino y ha conseguido notorias ventajas entre ellas el ser la organización menos "alabada" de España y, tambíen hacer aprobar un canon que ingresa en las cuentas de la SGAE más de cuatrocientos millones de euros al año para seguir apoyando su estrategia de hostigamiento y recaudación pese a quien pese.

Ahora la industria de la música se vale de los artistas para seguir presionando psicológicamente. La ley "verde" deja la puerta abierta a cortar Internet a quien descargue contenidos, por ahora la ley protege a quien no tiene ánimo de lucro y, en general se cierne una amenaza sobre Internet no solo en España sino en general en toda Europa. Se pasa, sin pausa, del amenazar con cortar Internet al usuario para que aceptemos que algunas páginas estén vetadas y de ahí a satanizar y crear una metalegislación que parece punir lo que la ley ni castiga ni puede castigar.

Esta es la sociedad en la que vivimos, el gobierno que nos representa no cuela un gol de control, propaganda y beneficio a un grupo cercano ocultándolo en unas medidas contra la crisis, muy discutibles y, sin duda también bastante tardías.

Músicas, políticos, lobbies y ciudadanos estafados en Recuerdos del día de mañana.

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Nota última: suscribo punto por punto el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet enumerado por Enrique Dans:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.